DECLARACIÓN PÚBLICA
Categórico ha sido el fallo de Contraloría Regional dando cuenta de las irregularidades que la fatídica sociedad entre la SEREMI de Salud y la Municipalidad de San Antonio comente para matar perros, amparados en supuestos riesgos de rabia canina. Estos socios abusan sin problema ni pudor de la vida de los animales de nuestra provincia, animales con dueños o abandonados. Les da lo mismo.
Cometen todo tipo de atropello a la propiedad privada, a los reglamentos vigentes, supuestamente para asegurarnos una provincia sin rabia. Los adalides de la salud tampoco se preocupan de analizar si los animales que matan realmente tienen rabia, enviando las muestras al Instituto de Salud Pública. Parece que la única motivación fuera matar perros. Y así han actuado por años, primero saliendo a matar como método de control de la fauna urbana, después escondiéndose en la figura de “retiro voluntario”, y ahora simulando posibles casos de rabia. Y esto no es fruto de decisiones casuales de funcionarios de turno. Esto es un plan amparado por las más altas autoridades municipales, provinciales y regionales.
Por estas razones el sumario administrativo que instruye contraloría por las irregularidades que denunciaron propietarios de mascotas y animalistas debiera no sólo alcanzar a los funcionarios de la SEREMI de Salud que actúan en terreno, como el Sr. Francisco Chia, sino también a quienes los dirigen y apañan: al Dr. Pedro Bodor y a María Graciela Astudillo de Valparaíso.
En la I. Municipalidad de San Antonio los procedimientos disciplinarios que indica contraloría no sólo debieran centrarse en los funcionarios que ayudan a capturar los perros, sino también en la Veterinaria Rosa María Romero, que los mata. Y en el Alcalde Omar Vera que ha estado mirando para el costado por años ante todas las evidencias que se le han entregado.
La Coordinadora de Agrupaciones Animalistas de la Provincia de San Antonio espera que los sumarios instruidos por Contraloría ocurran a la brevedad, y que este fallo ejemplar marque un cambio de rumbo en las acciones para que las autoridades de San Antonio dejen de matar perros, y programen métodos eficientes para el control de la fauna urbana.
Esperamos también que ante este fallo, nuestros representantes en el Concejo Municipal y en el Congreso, dejen de lado su pasividad frente a los reportes plagados evidencias que le han presentado agrupaciones animalistas, y asuman un rol más activo. Esta larga historia de muertes irregulares de animales en nuestra provincia terminará cuando las autoridades cumplan las normas vigentes, y quienes deben fiscalizar hagan su pega.
Coordinadora de Agrupaciones Animalistas de la Provincia de San Antonio
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