- Oficio Nº 46334 de la Contraloría establece que el servicio del Ministerio de Agricultura no cumple a cabalidad con la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas.
- El organismo contralor advierte transgresiones a la Ley de Caza y su reglamento, así como a la LOC de dicha repartición.
- Indica además que se configuraría el delito de maltrato animal
Santiago, 22 de julio de 2011.- A través del oficio Nº 46334 la Contraloría General de la República (CGR) y haciendo especial referencia a la situación legal de la elefanta Ramba, informó que enviará los antecedentes al Ministerio Público pues se configurarían los delitos de maltrato animal y de comercio ilícito de especies protegidas, debido a que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) no habría cumplido a cabalidad con la Ley de Caza y su Reglamento, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas (Cites, por sus siglas en inglés) y la ley orgánica de dicha repartición.
El organismos contralor se pronunció sobre los actos de ilegalidad de administración de la repartición pública y las irregularidades en el decomiso, custodia y fiscalización de las condiciones de tenencia de la elefanta Ramba, en respuesta a las solicitudes que presentaron en mayo y julio de este año el senador Fulvio Rossi, la presidenta de Ecopolis, Florencia Trujillo y la directora de CEFU, Alejandra Cassino.
Ramba ingresó ilegalmente a Chile en 1997, año en que le fue decomisada al empresario argentino Eduardo Val. Un año después Joaquín Maluenda la compra por US$ 30.000 para ser exhibida en el Circo Los Tachuelas. Pese a que conoció estas infracciones a la Ley de Caza y a la Convención CITES, el SAG, a través de la resolución Nº380 de 2004, le otorga la custodia de la paquidermo al empresario circense, quien desde esa fecha y hasta septiembre de 2010 siguió presentándola como parte del show itinerante.
Las transgresiones a la norma
El oficio Nº 46.334, en sus siete carillas, analiza el accionar del servicio dependiente del Ministerio de Agricultura entre 1997 y 2011, en lo referente a Ramba. Respecto del comiso y la custodia de la elefanta precisa que las resoluciones emitidas por el SAG, hace 14 años, transgreden el Reglamento de la Ley de Caza pues no disponen el retiro del animal y tampoco fundamentan su mantención en el mismo recinto en que se encontraba al momento del comiso, el circo Miami, propiedad del argentino Eduardo Val.
Respecto de la venta ilegal de la especie en 1998, la Contraloría indica que no se cumple con lo establecido en la norma vigente pues el SAG, al conocer de la transacción no lo denunció a la autoridad judicial competente. Precisa que, además, se configuraría la hipótesis de comercio ilícito de especies protegidas que, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Caza, se sanciona con prisión en su grado medio a máximo, con multa de tres a cincuenta UTM.
Respecto de la Resolución Nº380 de 2004, en la que el SAG entrega a Joaquín Maluenda la custodia de Ramba, la CGR advierte que entregar al infractor la custodia del animal decomisado es una excepción, y que en este caso no se “advierte fundamentación alguna” para dicha decisión. Agrega que este actuar vulnera el principio de racionalidad, así como también a los de Imparcialidad (referidos al actuar probo y objetivo) y de Transparencia, consagrados en los artículos 11 y 16 de la Ley Nº 19.880 de la Ley sobre bases Generales de los Procedimientos Administrativos del Estado.
El oficio señala además que al ser consultado el SAG si evaluó otras alternativas para destinar a la elefanta, el servicio no entregó antecedentes ni los fundamentos en los que sustentó su decisión.
Contraloría en Terreno
La investigación que realizó la Contraloría no se limitó tan sólo a solicitar información y revisar oficios y resoluciones, también incluyó una visita al lugar donde hoy permanece Ramba, el predio de Joaquín Maluenda en La Pintana.
El 18 de julio fiscalizadores de la CGR visitaron dos veces el predio. En la mañana observaron que el lugar estaba sucio y que no se había implementado ninguna de las mejoras que en mayo pasado un grupo de expertos sugirió para asegurar el bienestar de la paquidermo. En la tarde, volvieron a la parcela. Esta vez en compañía de funcionarios del SAG constando que el lugar se encontraba limpio.
Deja constancia el organismo fiscalizador que los funcionarios del SAG advirtieron telefónicamente a Maluenda sobre la inspección vespertina. Sobre esto el oficio indica que si bien dicho proceder no vulnera las disposiciones legales, sí atenta contra las técnicas recomendadas para una auditoría.
Por Alejandra Cassino.
